Por Adriana Salas
Hace unos días nos enteramos de la esperanzadora noticia que las terapias de conversión llamadas ECOSIG “Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género” serán prohibidas gracias al impulso de la sociedad civil y del diputado Temístocles Villanueva en la CDMX. El senado local aprobó las reformas al código penal de la capital mexicana para sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual, consideradas violatorias de derechos humanos por la ONU y como prácticas fraudulentas de nula efectividad por la asociación americana de psicología, además de que constituyen prácticas discriminatorias que excluye a las personas por su preferencia sexual. La diputada morenista Citlali Hernández añadió que estas medidas correctivas están ligadas a casos de violencia y tortura física o psicológica que en numerosas ocasiones no son denunciadas.
Esta prohibición, aunque para algunos parezca pequeña, representa un gran avance en el camino y lucha que se mantiene para llegar al alcance de la protección total del correcto desarrollo integral de las personas, el respeto a la identidad y el desarrollo sexual. Prácticas violatorias de derechos humanos como las ECOSIG vulneran directamente los derechos individuales de identidad. Este tipo de creencias no solo están enfocadas en contra de las personas pertenecientes a la comunidad LGTBQ+, si no que sus mismos precursores tienen otros pensamientos bañados de toda clase de prejuicios que van en contra de la salud, la identidad y del desarrollo sexual integral de las personas en sociedad. Un ejemplo de esto lo hemos visto en Nuevo León en los últimos años, en donde grupos asociados al frente nacional por la familia y diversos partidos conservadores intentaron con todos sus medios aprobar una reforma la cual salió a la luz como “Pin Parental”, la cual intentaba que los padres tomaran el control sobre que tipo de educación sexual recibirían sus hijos, está de más mencionar que este intento de reforma, evidentemente constituía un acto violatorio de los derechos de desarrollo integral de los niños niñas y adolescentes. Más añadir, que hace unos cuantos días, todavía, el diputado nuevoleonense perteneciente al PES responsable del Pin Parental, Carlos leal, presentó una nueva iniciativa de ley, donde buscaba reformar la Ley General de Salud del Estado y convertir la promoción del aborto seguro como “un serio problema sanitario” atacando directamente a las colectivas que buscan que las mujeres vivan un proceso seguro y a las organizaciones que ofrecen asesoría y acompañamiento, además de que intentaba prohibir los medicamentos “abortivos” en todo el Estado, atacando directamente el derecho humano de las mujeres a la salud y a decidir.
¿Será que nuestros legisladores no han caído en cuenta que el correcto desarrollo integral de las personas esta directamente ligado al desarrollo integral de la sociedad? ¿será que no notan que sus medidas violatorias de derechos humanos causan más problemas de los que creen resolver? ¿será que creen que su burbuja ideológica es la verdad absoluta y que todos se deberían ajustar a ella? ¿o será que con esto solo buscan el apoyo y la gracia de un muy pequeño sector de la población? Cualquiera que sean sus motivos, la mayoría de la juventud de hoy está segura de una cosa: no se los permitiremos más. Como sucedió en el caso del Pin Parental, la juventud se movilizó para proteger sus derechos, fue su principal movilización la presión que llevó a la mayoría de los legisladores a votar en contra de dicha iniciativa, son sus ojos los que hoy vigilan los procesos, son sus voces las que detienen el abuso y el retroceso. Podría asegurar que en un futuro no muy lejano tendremos representantes comprometidos con el desarrollo de la juventud y la protección de derechos humanos, representantes comprometidos que hagan su trabajo en serio. Los Carlos Leales estarán pronto en peligro de extinción.